9 Apalea indígenas que serás premiado

Foto: APG

Hace seis años que Evo Morales llegó al poder. Desde entonces vive del mito: Antes de la llegada de los españoles, todo era idilio, no existía maldad, ni hambre, ni enfermedades. El régimen predestinado del inca era el gobierno más perfecto del mundo donde todo se regía por tres principios básicos: no seas flojo, ni mentiroso, ni ladrón. "Eran tiempos en los que había armonía entre las personas y la Madre Tierra, en los que la propiedad era de todos, no de ciertos grupos dominantes" decía en alguna ocasión. Candidez e ignorancia pura. Alérgico a leer en las arrugas de los viejos libros de historia, no quiere enterarse de que el imperio incaico era tremendamente  opresor, estricto y elitista, donde el menor disenso se pagaba con sangre. El inca era amo y señor de todas las cosas y criaturas. La vida, salvo para las castas privilegiadas, era todo menos idílica.

Al son de su discurso antediluviano, nuestro presidente pasea por medio mundo, llevando su aura de líder de los oprimidos, de los ninguneados, de los invisibles. Luchador incansable por la dignidad de los pueblos, defensor a ultranza de la ecología, aunque persista en su empeño de desgarrar el corazón de la selva atravesándola con una carretera. Como no pudo convencer a los indígenas mediante el garrote, ahora se da a la tarea de dividirlos, llevando a comunidades convenientemente escogidas toda suerte de regalos como medicamentos, motores fuera de borda, ropa, pelotas, alimentos básicos, etc. Curioso que ahora nos muestren mediante spots bien elaborados, el agradecimiento de esas gentes con la repentina generosidad del gobierno de Morales. Quinientos años antes, los conquistadores hicieron algo parecido con los primeros pobladores, obsequiándoles baratijas para ganarse su confianza. Hoy la sensación es la misma.

Enemigo de la institucionalidad y de las leyes, Evo pisotea a menudo la Constitución que él mismo mandó a reformar. En alguno de sus discursos espetó: “Por encima de lo jurídico, es lo político (…) cuando algún jurista me dice: Evo, te estás equivocando jurídicamente, eso que estás haciendo es ilegal, bueno, yo le meto por más que sea ilegal. Después les digo a los abogados: si es ilegal, legalicen ustedes, ¿para qué han estudiado?”. Muchas decisiones tomadas arbitrariamente dan fe de estas palabras. Si el presidente del estado razona así, qué podemos esperar de los ciudadanos comunes.

La última muestra de su atrabiliario proceder fue el nombramiento del nuevo Comandante de la Policía, saltándose la ley orgánica de la institución que establece que para tal cargo, el candidato debe haber egresado de la academia policial y además poseer el rango de general. Y refrendado además en la C.P.E. y ni así. Una vez más se nombró a un hombre de plena confianza que ni siquiera es oficial de carrera, sino que fue parte de aquellos “investigadores” o detectives de fama sospechosa utilizados por las dictaduras y que fueron integrados a las fuerzas policiales. El nuevo comandante se hizo hueco en la institución hasta alcanzar el grado de coronel. Y como corolario de su currículo, se convierte mediante decreto en jefe máximo de las fuerzas de seguridad.

¿Y cuál es el mérito de este personaje? Las imágenes no mienten, a pesar de que se diga lo contrario: el citado coronel Victor Maldonado estuvo dirigiendo la violenta represión a los marchistas del Tipnis, en septiembre del año pasado que conocemos de sobra. Lejos de ser convocado a declarar, investigado o juzgado, el gobierno lo premia por su abnegada y diligente labor de haber cumplido las órdenes de palacio. Lo demás son florituras, como el creciente malestar de la oficialidad  expresada en el frio recibimiento de la posesión del comandante, o la renuncia de un jefe policial a su cargo como protesta. Ni las denuncias surgidas del seno de la misma institución que deslucen la trayectoria del nuevo jefe -como el trato prepotente a los subordinados-,  conmueven al jefe de Estado.

Y no es el caso único de esta extraña manera de premiar a los soldados del Proceso de Cambio. Funcionarios de alto rango que se han visto envueltos en escándalos de corrupción o actos reñidos con la moral y ética, son enrocados inmediatamente en cargos de perfil bajo o destinados como distinguidos embajadores ante gobiernos amigos. Castigados, eso nunca.