4 Otra chapuza gubernamental: enfrentamiento minero en La Paz

Foto: APG

Definitivamente este es un país donde todo puede suceder. No nos extraña ya casi nada. Estamos en un proceso de transformación en reversa donde el sentido común hace tiempo ya ha sido erradicado y reemplazado por la improvisación, la superstición, la irresponsabilidad y el cálculo político de quienes nos gobiernan. Los sectores sociales son simples fichas del tablero que el gobierno maneja a su antojo, sacrificando unas piezas por otras, traducido en pérdida de vidas humanas, en una suerte de juego macabro de la política. El maquiavelismo está más vivo que nunca.

Porque no hay otra manera de describir el enfrentamiento de la jornada de ayer entre dos sectores mineros a punta de dinamitazos. Este es el único país del mundo donde se permite utilizar dinamita como expresión de protesta durante las movilizaciones mineras. Dicho sea de paso, que esta violenta costumbre de aterrorizar a la población civil ya viene desde mucho antes, ningún gobierno se ha preocupado de reglamentar las marchas sociales. Así, los campesinos afectos al partido oficialista portan chicotes, los obreros hacen ruido provistos de petardos y palos, y  los mineros hacen estallar fragmentos de dinamita sin importarles el destrozo del ornato urbano y la seguridad de los transeúntes.

En el marco de las alianzas políticas con distintos sectores, el partido de gobierno ha efectuado infinidad de promesas electorales, que a menudo rayan en la impracticabilidad y conflicto de intereses, como el caso que nos ocupa. A raíz del nuevo boom de la minería, se han reactivado todos los yacimientos y centros mineros que yacían semiabandonados. En esta nueva bonanza, aparte de la minería estatal, se han organizado decenas de sindicatos de mineros cooperativistas. Fiel a su retórica populista, el régimen ha comenzado a nacionalizar los yacimientos más importantes. Aprovechando la oportunidad, algunas comunidades campesinas han avasallado muchas minas so pretexto de que pertenecía a sus ancestros. La tendencia continúa, ante la confusión todo el mundo quiere sacar ventaja.

El alto precio de los minerales seduce a todos los interesados. El metal del diablo, socava lo más profundo de las almas humanas. Tarde o temprano la confrontación tenía que llegar. Como el régimen, desde el principio de su mandato,  se ha dado a la tarea de dividir a los sectores, beneficia a unos y perjudica a otros, en función de su fuerza electoral. Para nadie es desconocido que los mineros cooperativistas son los mimados actuales del gobierno, habiéndoles concedido muchas ventajas tributarias y dejando pasar varios atropellos que estos han cometido como la ocupación violenta de minas, ya explotadas por mineros estatales más conocidos como asalariados.

El último conflicto se suscita en la población de Colquiri, departamento de La Paz, uno de los centros mineros más importantes del país. Los cooperativistas violentaron acuerdos previos sobre el modo de explotación compartida en un mismo yacimiento. La avaricia cunde en los mineros empobrecidos por generaciones. Se da el caso aberrante de que en una misma familia surgen enemigos por pertenecer a uno y otro bando. Hermanos peleando por el vil metal. Escaramuzas, acoso constante, robos de herramientas, destrozos mutuos y otras denuncias  como antecedentes no fueron suficientes para movilizar con determinación  a las autoridades. Ante la indiferencia y desidia gubernamental, la guerra sectorial se trasladó a la ciudad de La Paz.

Poco a poco, fueron arribando gente de uno y otro lado a la sede de gobierno, para negociar de cerca con los ministros del área. Ningún sector quiere ceder, acuciados por sus intereses sectarios. El gobierno deja dilatar el asunto y juega irresponsablemente a ser Pilatos: “que se pongan de acuerdo entre ellos, nosotros sólo vamos a observar y garantizar los convenios que surjan” dijo un personero. La tensa pulseta derivó finalmente en violencia. Una vez más se subestima los problemas y no se aprende de los errores. Hay demasiados casos que son de conocimiento público.

Con la llegada intempestiva de millares de cooperativistas, el centro paceño colapsó. La columna de marchistas tomó las principales avenidas al ritmo de dinamitazos y consignas partidarias. El “pacifismo” como excusa en boca de sus dirigentes suena brutalmente irónico. La realidad habla por sí sola: violencia y salvajismo. Hasta los policías curtidos tiemblan ante las constantes explosiones. Las autoridades brillan por su ausencia. La policía pobremente desplegada solo se atiene a observar para lo que vendrá después.

Es de imbéciles no tomar las precauciones necesarias cuando se huele el peligro. ¿Por qué el Ministerio de Gobierno no se preocupó de reforzar la seguridad de la marcha? ¿Por qué tuvo que dejar pasar a los cooperativistas enfrente de la sede sindical de los mineros asalariados en vez de desviarlos? Las consecuencias no se dejaron esperar. Al pasar la columna de los cooperativistas, estos comenzaron a lanzar piedras y cachorros de dinamita al edificio sindical. Respondieron con las mismas armas los ocupantes que ya esperaban apostados. Menudearon las explosiones, rompiendo vidrieras y afectando a negocios aledaños. El saldo es trágico: un muerto y una decena de heridos, algunos mutilados. Los pocos policías nada pudieron hacer, impotentes. En contrapartida, es llamativo cómo el gobierno responde con dureza a los sectores más vulnerables como el de los indígenas y discapacitados. En el colmo del infantilismo, una autoridad dijo que los cooperativistas se habían comprometido a no provocar a los otros mineros, que por eso no se los desvió oportunamente. Hay que ser deficiente mental para razonar de esa manera. ¿En qué mente puede caber una concepción como esta, sabiendo que los mineros siempre portan explosivos? ¿Acaso no fue suficiente aviso el decomiso de una ambulancia, días antes, a pocos kilómetros de la ciudad, transportando cientos de cartuchos de dinamita, capaces de hacer volar todo un manzano, como reconoció el viceministro de gobierno? No hay un solo detenido, con lo fácil que resulta rastrear la propiedad de un vehículo, que según los medios, era de los mineros cooperativistas.

Una vez más, tuvo que correr sangre para llamar la atención de las autoridades, el único que da la cara en todo momento es el viceministro Jorge Pérez, esforzándose para disimular las chapuzas en la toma de decisiones.  Eso sí, fiel a su estilo, Evo Morales brilla por su ausencia, como siempre se escabulle al exterior o a otras regiones cada vez que madura un conflicto gordo. Esto no fue repentino, se venía venir desde hace semanas. Entretanto, Morales proclamaba a una ex reina de belleza como candidata para las elecciones regionales de un departamento amazónico a efectuarse recién en enero del 2013. Cuestión de prioridades, según se entienda.

“El gobierno está muy apenado por la muerte de un hermano minero” dijo el portavoz del momento, llamando a la reconciliación. Pero sucede que ya en años anteriores, nos dieron una muestra de su insolidaridad e irresponsabilidad, en ocasión de otro enfrentamiento por idénticas causas, producido en la localidad minera de Huanuni que se saldó con casi una veintena de muertos. Con una tranquilidad pasmosa, el vicepresidente Álvaro García Linera, dijo entonces que “no voy a mandar militares, no voy a mandar policías, más bien voy a mandar ataúdes". Lamentablemente la historia se repite, y la frágil memoria colectiva olvida muy pronto.