6 Cuando criticar se ha vuelto delito: el caso de la diputada Adriana Gil

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En qué tiempos viviremos, que llamar “mentiroso y desleal” al primer mandatario por “haber traicionado a los indígenas del TIPNIS”, le ha significado constante acoso político a una diputada de oposición. Todo el aparato oficialista buscando suspenderla de su curul.  Yo no tengo recuerdos de la última dictadura militar, era apenas un crio. He crecido durante treinta años ininterrumpidos de democracia. En ese lapso no recuerdo que alguien haya sido perseguido o encarcelado por sus ideas, por disparatadas o irrespetuosas que sean. 

Ahora resulta que fiscalizar a las altas autoridades puede ser peligroso. Cualquier ciudadano que se atreva a acusar a los poderosos de turno, puede ser enjuiciado por el delito de desacato, curiosamente una figura legal aprobada durante las dictaduras y que ahora cobra mayor vigencia en el gobierno de Evo Morales. Son innumerables los casos de autoridades y políticos contrarios que han sufrido la acción de la justicia, siempre ágil a requerimiento del gobierno. Y claro, luego nos hablan de democracia, de derechos civiles y de igualdad de género.

El gobierno se ha llenado de funcionarios acomplejados y resentidos que han tomado el papel de la Inquisición a la inversa. Comenzando su labor purificadora por señalar a ciertos libros de racistas. Si fuera por ellos, gran parte de la literatura nacional pasaría por la hoguera por el simple hecho de que no fue producida por indígenas. Para eso aprobaron la reciente Ley contra el Racismo y Discriminación, que lejos de perseguir su cometido, busca silenciar a las voces críticas. La diputada Adriana Gil es el caso más notorio: ella tiene la audacia y la energía juvenil para denunciar los constantes atropellos a los derechos humanos por parte del régimen masista y reprochar la conducta autoritaria, procaz y torpe del presidente: en una entrevista televisiva lo tildó de amoral y de que no reunía las condiciones para asumir la presidencia. Si no fuera porque es una congresista ya estaría en la cárcel. 

En una muestra de servilismo aberrante, el viceministro de Descolonización, impulsó un proceso en la Cámara de Diputados en contra de la legisladora por sus declaraciones “racistas y discriminadoras” contra el presidente Morales. Meses de inútil discusión ideológica en un país que tiene otras urgentes prioridades. ¿En qué diccionario dice que llamar corruptos, ineptos, incapaces, mentirosos, inmorales, etc., a las autoridades, constituye racismo? En contrapartida, ¿quién habló de enjuiciar al presidente cuando en sus discursos califica a la oposición de delincuentes políticos, vendepatrias, ladrones, lacayos del imperio y otros epítetos aprendidos de memoria? Él, desde su pedestal no tolera ninguna voz contestaria, y cada vez que suelta la lengua más de la cuenta, sus ministros y cortesanos tienen que correr apresurados a explicar los entuertos del jefazo. O peor aún, convertirse en los mensajeros de la ira del presidente ante cualquier publicación que no es de su agrado. Dos diarios y una agencia de noticias de mucha tradición, aguardan proceso judicial por publicar lo que supuestamente no dijo el mandatario. Acusaciones sin fundamento que se pierden en simples meollos lingüísticos. Pero cualquier recurso vale para meter miedo y empujar a los medios a practicar la autocensura, como viene ocurriendo con varias publicaciones digitales.

Volviendo al asunto, parecía que el rodillo oficialista se iba a imponer y, según cuenta la diputada, ya tenía hasta las maletas preparadas ante su inminente expulsión del Congreso.  Parece que el discurso final de la afectada sacudió las conciencias de los parlamentarios, minutos antes de la votación. Fiel a su estilo combativo,  les recordó a los acusadores: “esta mujer puso el pecho para que los indígenas entren a la plaza de Santa Cruz y a mí me vienen a hablar de discriminación”. Y a continuación les refrescó la memoria sosteniendo que ella y su familia habían apoyado económicamente a la campaña de Evo Morales, además de ganarse muchos enemigos por defenderlo antes de que sea presidente. Y más aún, explicó que Evo, el vicepresidente y otras autoridades habían estado como invitados a su casa en una ocasión. La descomposición ideológica es tal en el partido gubernamental que ahora se ensaña con antiguos aliados suyos. La lealtad no paga en política.

La Comisión de Ética de la Cámara efectuó su veredicto hallándola culpable y sometió a la votación final como manda el reglamento. La presidenta ya se frotaba las manos y sonreía segura porque pensaba que el expreso deseo del jefazo se iba a cumplir como siempre. Pero hete aquí, contabilizando los votos, no se logró los dos tercios requeridos y a continuación los diputados opositores prorrumpieron en vítores y aplausos. La diputada Gil no cabía de gozo y orgullo. El  oficialismo había sido derrotado por primera vez en su cancha. La cara desencajada de la presidenta habló por sí sola mientras soltaba el martillazo final, como a un goleador que se le escapa el balón en la línea de gol. Lo inaudito. Según se relató después, dos ovejas negras del rebaño oficialista no habían cumplido la consigna y otras estaban ausentes, amén de que todos los opositores presentes, sin importar sus colores, habían votado en contra.  El abuso de poder había sido frenado aunque sea por un tiempo.

Ahora en el partido de gobierno se habla de indisciplina y de posibles sanciones. Llegarán, eso es seguro. Ojalá hubiese más indisciplinados que simples levantamanos.