3 Malos tiempos para la prensa en Bolivia

Años atrás, Evo Morales, como dirigente máximo de los cocaleros organizaba marchas y bloqueos de carreteras en contra de los gobiernos neoliberales por su política de erradicación de cultivos excedentarios, materia prima del narcotráfico. Morales no solo paralizaba las exportaciones de banano y otros productos alternativos así como el turismo a la paradisiaca región del Chapare sino que afectaba constantemente la libre circulación por el eje troncal del país con la excusa de que emprendía una lucha social. Fueron tantos los bloqueos que resulta difícil llevar la cuenta. Hasta el día de hoy, Evo se ufana de estas acciones, creyéndose una especie de Che Guevara tropical que luchaba contra el “imperialismo yanqui”. Irónicamente, pocos años después, el concejo municipal de Cochabamba lo condecoró por haber “contribuido al desarrollo de la región”.

El guerrero solitario pronto adquirió notoriedad en todo el país, muchas veces sus disciplinadas huestes cocaleras se enfrentaron a las fuerzas de erradicación.  Hubo mucha violencia de ambos lados, que se saldaba a menudo con heridos y en ocasiones con víctimas mortales. Lógicamente, los gobiernos de entonces apuntaban a los dirigentes para establecer responsabilidades. Morales era siempre señalado por ser el principal portavoz de la causa cocalera. Le gustaba el papel de víctima, porque se desenvolvía como pez en el agua. Se sentía más perseguido que una alimaña, buscando el amparo de organismos internacionales. Con todo el poder mediático estatal en su contra necesitaba una caja de resonancia. 

Una y otra vez, no se cansaba de agradecer a los “hermanos de la prensa” que constantemente cubrían sus actividades y que le permitían transmitir sus denuncias de los abusos que cometían las fuerzas militares apostadas en el Chapare. Así fue creciendo, impulsando su imagen a velocidad de relámpago. Fundó su propio instrumento político.  En unos años fue elegido diputado nacional minoritario. Poco tiempo después, aliándose con sectores obreros y campesinos se convirtió en el líder principal de oposición. Lo demás es historia conocida.

Hoy, con Evo en el poder, se volcó la torta como se dice vulgarmente. Apenas llegado a palacio de gobierno, el nuevo partido oficialista, MAS, se dedicó a destruir a la oposición, ya de por sí debilitada por las circunstancias históricas. Se instauró una campaña sistemática de emprender juicios a todos los anteriores gobernantes bajo acusaciones de corrupción, enriquecimiento ilícito y desmantelamiento del estado. Muchos jefes políticos tuvieron que asilarse en países vecinos. Asimismo, se destituyó a gobernadores y alcaldes opositores,  a veces bajo acusaciones inverosímiles y reemplazándolos por gente del oficialismo mediante maniobras jurídicas, desconociendo la voluntad popular del voto. El poder judicial, el poder electoral, y las demás instancias del estado, fueron totalmente copados por el partido hegemónico. Aunque en el ínterin se hayan armado costosos montajes seudodemocráticos como las elecciones judiciales.

Todo este abuso de poder, todo este totalitarismo ramplón y descarado que se fue consolidando en estos años del régimen de Evo Morales, fue naturalmente reflejado por la prensa, principalmente por la televisión que tiene el privilegio de las imágenes. Con la oposición descabezada, Evo se sintió invencible e intocable, y no pasó mucho tiempo para que señalara a “la prensa como el principal enemigo del gobierno”. De pronto, la prensa estatal nos ofrecía un mundo mágico donde el gran caudillo inauguraba obras todos los días, recorriendo de punta a punta el país, como apóstol infatigable de la revolución. Al contrario, los medios privados nos mostraban una realidad diferente, denunciando las chapuzas de las obras, los actos abusivos, los innumerables casos de corrupción, el despilfarro de dineros públicos en bienes suntuosos y actos festivos, la manipulación de otros poderes y autoridades, el atropello a los derechos humanos y cuanto acto reñido con  la ley se presentara.

Algo no cuadraba, definitivamente. El gobierno necesitaba consolidar su verdad. Era imperante controlar las noticias. En pocos años construyó toda una red gigantesca de propaganda en torno a diarios, radios comunitarias y canales de televisión. Incluso, al menos dos grupos mediáticos de reconocido prestigio, fueron adquiridos por consorcios extranjeros vinculados al gobierno venezolano. Las pocas redes independientes se vieron obligadas a modificar sus editoriales ante el acoso constante del régimen con la amenaza de multas y clausuras. Recuerdo bien, que durante los gobiernos anteriores había varios programas de periodismo de opinión en televisión con alcance nacional. Hoy no queda ni uno solo. El último programa de corte crítico que se emitía desde Santa Cruz para todo el país, y que gozaba de una amplísima audiencia por razones obvias, fue prácticamente silenciado hace un año atrás al dejar de emitir a nivel nacional y, su polémico conductor, agobiado por los procesos penales y amenazas contra su vida se vio obligado a rebajar el tono de sus críticas y denuncias y relegado al ámbito local.

En todo este tiempo, se han sucedido constantes agresiones físicas contra reporteros y camarógrafos de televisión, especialmente por gente de los movimientos sociales vinculados al gobierno. En 2008, la red Unitel sufrió un atentado dinamitero en la ciudad fronteriza de Yacuiba, no obstante que el autor fue identificado como un oficial del ejército, nunca fue sentenciado y ahora seguramente goza de su impunidad en alguna delegación diplomática del extranjero.  En marzo del mismo año, un radialista murió a consecuencia de haber sido golpeado salvajemente en una población altiplánica, a pesar de que reveló los nombres de los agresores, estos permanecen sin castigo. El mensaje para todos es tristemente desolador: Atacar a la “prensa capitalista y tergiversadora” tiene mérito revolucionario y la seguridad de que no habrá proceso. Son demasiados los casos como para enumerarlos, basta ver a algunos oficiales de policía que impiden con brutalidad a los reporteros hacer su trabajo. En el ambiente impera un aire de represión que no se veía desde las dictaduras.

Hace un mes atrás, sucedió un caso muy preocupante, otra vez en Yacuiba, donde un viejo periodista de radio y una operadora técnica sufrieron quemaduras de gravedad al ser atacados con bombas molotov por un grupo de encapuchados cuando se emitía un programa al aire. El radialista es muy conocido en la región por sus constantes denuncias de hechos de corrupción producidos en el municipio del lugar y actividades irregulares como el contrabando. A pesar de que se ha detenido a los supuestos autores materiales del atentado, hasta ahora no se ha responsabilizado a los autores intelectuales del mismo pese a los indicios. El pobre hombre temiendo por su vida tuvo que ser trasladado a Santa Cruz y posteriormente a la Argentina para iniciar una dolorosa recuperación.

Para terminar este repaso de los atropellos a la libertad de expresión, hace unos días, calculando que la opinión pública estaba concentrada en el Censo de Población, se efectuó un operativo policial contra el Canal 33 que se emite localmente en Cochabamba. El gobierno, recurriendo a la Autoridad de Telecomunicaciones y Transporte (ATT), intervino las instalaciones de dicho medio de comunicación con la acusación de “ocupar ilegalmente frecuencias y operar en un domicilio no registrado por la licencia de funcionamiento”. Argumento poco sólido para justificar semejante intervención que se asemejó a un operativo antiterrorista. Las imágenes de una cámara de seguridad muestran cómo una veintena de efectivos procedieron con violencia y uso de gases lacrimógenos contra la propietaria del canal y sus empleados. Aparte de secuestrar algunos equipos de transmisión, micrófonos y una computadora portátil, los policías ingresaron hasta la vivienda de la afectada, atemorizando a los hijos menores de la periodista, atropellando uno de los preceptos constitucionales que establece la invulnerabilidad de un domicilio particular. El pecado de la conductora de televisión, es que a través de su programa “Aló Marianela”, denuncia con documentación en mano, los constantes hechos de corrupción del régimen que preside Morales. 

Negros nubarrones se ciernen sobre la libertad de opinión. Ahora con la excusa de luchar contra el racismo y la discriminación, paulatinamente se acalla a los periodistas y se busca encorsetar a los medios tradicionales de prensa para que se abstengan de criticar abiertamente a las autoridades.  A este paso, solo queda algo de libertad en los medios digitales. Aunque ya se planea elaborar una ley para controlar las redes sociales. Mientras tanto, no está de más  hacer oír nuestra propia voz. Mientras el sagrado guerrero del arcoíris y el tiempo nos lo permitan.