8 La tortura judicial como método de persecución

José Maria Bakovic, víctima de la justicia

Afortunadamente, el senador Roger Pinto pudo refugiarse a tiempo en la embajada brasileña en La Paz. Pasó más de un año en una pequeña habitación, prácticamente encarcelado, sin derecho a visitas, exceptuando su familia más cercana. Su gran delito fue denunciar hechos de extorsión, corrupción y narcotráfico en los que estaban involucrados altos funcionarios del gobierno. En respuesta, recibió una veintena de procesos judiciales de toda índole, algunos rondando el absurdo, como el de acusarlo por supuestamente haber mandado cortar un árbol, tipificado como delito ecológico. Habiendo recibido amenazas de muerte no le quedó otro camino que pedir asilo político. Como el régimen se negaba a concederle el salvoconducto, el diplomático a cargo de la representación brasileña, preocupado por el deterioro de la salud del congresista,  tomó la decisión de trasladarlo por tierra en vehículo diplomático. La travesía, fue un viaje ininterrumpido y agotador a lo largo de 1.600 kilómetros hasta territorio brasileño. 

La decisión extraña, además del riesgo inherente, costó el cargo al diplomático. El gobierno de Evo exigió la devolución del senador para que este responda por sus crímenes ante la cuestionada y parcializada justicia boliviana. ¿Si nada tiene, por qué huye entonces?, repetían sin cesar, mostrando cara de inocencia. Menos mal que Pinto escapó, porque de lo contrario ya estaría con sus huesos en la cárcel, como le sucede al exprefecto del departamento de Pando, preso hace seis años, acusado de haber ordenado una matanza de campesinos, en la que el gobierno tuvo mucho que ver. Sin embargo, el otrora líder regional se pudre lentamente aquejado por la tuberculosis adquirida por las pésimas condiciones carcelarias, sin que se haya dictado sentencia hasta la fecha. Probar las acusaciones es lo de menos, cuanto más se alargue el tormento judicial, mejor. No importa, la orden es acabar con todos los enemigos, humillarlos y debilitarlos hasta la muerte.

Así procedieron con Guillermo Fortún, un veterano político acusado de haber malversado fondos reservados cuando fungía como ministro de un gobierno anterior. A pesar de su avanzada edad, lo hicieron traer de Perú como a reo de alta peligrosidad, maniatado y custodiado por numerosos agentes encapuchados, con todo el ruido mediático de una operación antiterrorismo o similar. No pasó mucho tiempo para que su salud se resintiera rápidamente, habiendo fallecido en prisión, ante la angustia de su familia que tuvo que sufrir diversas trabas para su hospitalización. 

A todas estas personas les asiste el derecho de la duda, por lo menos. Si cometieron algún delito, correspondería a la justicia establecer responsabilidades. Pero como el gobierno tiene totalmente controlado el poder judicial, cualquiera que se ponga enfrente tiene las de perder, inevitablemente. Los fiscales, jueces y otros esbirros están cada vez más deshumanizados, como reconoció un influyente diputado del oficialismo. Ya no basta que los integrantes del ministerio público sean serviles, puntillosos y expeditivos con las órdenes dadas desde arriba, sino que cada vez son más sañudos, vengativos y desalmados.

Solo así se puede entender que a una persona de 75 años la hayan sometido a una persecución judicial insólita,  sin tregua, sin respiro durante siete años. A don José María Bakovic, ciudadano reconocido de Cochabamba lo atosigaron con 72 juicios (un record absoluto para registros nacionales) en siete departamentos del país. Al pobre viejo le tuvieron rebotando como pelota de pingpong de ciudad en ciudad, de juzgado en juzgado, sin haberle probado nada. Éll había confiado en que saldría adelante contra todo el aparato judicial. Consciente de su honradez e integridad había decidido permanecer en el país y no refugiarse en el extranjero como hicieron muchas autoridades anteriores, empresarios y otros compatriotas forzados a huir ante el clima autoritario imperante y la cacería de brujas desatada por los nuevos inquisidores. A consecuencia, existen más de tres centenares de bolivianos que por diversos motivos viven como refugiados políticos en países vecinos. Una estampa digna de una dictadura para un gobierno que se dice democrático.

El gran pecado del ingeniero Bakovic fue denunciar sobreprecios y otros ilícitos en la construcción de varias carreteras, cuando se desempeñaba como presidente del Servicio Nacional de Caminos (SNC). Había accedido al cargo por concurso de méritos hace más de una década atrás, con la misión de sanear una de las reparticiones históricamente más corruptas del Estado. Con la llegada de Evo Morales al poder, el proceso de institucionalización que llevaba adelante fue truncado por funcionarios oportunistas que rápidamente se plegaron a los dictados del nuevo gobierno. Así las cosas, fue destituido por las intrigas desleales de Patricia Ballivián, la funcionaria que le seguía en la jerarquía que, curiosamente, fue nombrada inmediatamente como cabeza máxima por el mismo Morales.

Desde entonces, esta funcionaria con toda la soberbia de su poder arremetió contra Bakovic, instaurándole procesos judiciales por daños económicos al estado, corrupción y otras acusaciones. Hasta hace poco, el expresidente del SNC había asistido a innumerables audiencias que fueron mermando su integridad física paulatinamente. Sus médicos privados habían establecido que sufría de patologías cardíacas además de presión alta que ponían en peligro su vida cada vez que tenía que trasladarse a La Paz, una ciudad que por su altitud es riesgosa para cualquier persona afectada. Aun así, a la fiscalía general del estado le pareció una treta o ardid del acusado para no presentarse a las audiencias y de esa manera declararlo rebelde ante la ley.

La última semana, una junta de médicos cochabambinos recomendó tajantemente que Bakovic no se traslade más a La Paz, pero en respuesta, la fiscalía mandó a sus propios forenses desde Sucre, quienes contradijeron el dictamen de sus colegas y autorizaron el viaje, sin mayor aspaviento, en una muestra de incompetencia profesional. A pesar de ello, Bakovic se presentó en un juzgado paceño (para no que no tengan la excusa perfecta, decía en varios programas de Tv), donde sufrió un infarto en plena sesión, siendo estabilizado en una clínica para luego ser trasladado a un hospital especializado de Cochabamba, donde finalmente murió este sábado. 

Así acabaron con este patricio valluno que gozaba de mucho respeto entre quienes lo conocían y de consideración de toda la ciudadanía, dueño de un intachable historial profesional como funcionario del Banco Mundial en diversos países, hasta que, jubilado, decidió volver a su querida Bolivia para contribuir con su experiencia. Desafortunada decisión la suya de trabajar por la sociedad cuando bien pudo gozar del tiempo libre y dedicarse a sus nietos. No tuvieron compasión con él, ni por su avanzada edad, ni por su enfermedad. Burócratas mediocres, rastreros, resentidos y canallas ahora se frotan las manos de satisfacción por su cometido, mientras deslindan responsabilidades mutuamente. En el colmo del abuso y desconsideración por el dolor de una familia hasta tuvieron el atrevimiento de enviar policías con la intención de sacar huellas dactilares al fallecido cuando este comenzaba a ser velado. 

Lo más cómico de todo, por no decir otra cosa, es ver al gran caudillo poner cara de circunstancia mientras dice estar profundamente preocupado por la situación del poder judicial. Como si no supiéramos que ellos han descabezado toda la estructura para llenar los huecos con gente de su confianza, empezando por el fiscal general del estado, quien en años anteriores fue constituyente por el mismo partido. ¡Y luego hablan impúdicamente de una justicia independiente e imparcial! Y aprovechando que la ministra de Justicia asistirá estos días a un foro internacional sobre la misma temática en Ginebra, nos preguntamos qué es lo que expondrá. No hace falta adivinar: la justicia boliviana funciona mejor que un reloj suizo. Caso cerrado.