8 El país donde se vive de cabeza

El canciller obligado a marchar-Foto APG

A casi seis meses de la violenta represión policial a la marcha indígena del Tipnis, donde se repartió gas y garrote a diestra y siniestra, incluyendo vejámenes a mujeres y menores de edad, ustedes se preguntarán si se ha avanzado en las investigaciones para establecer responsabilidades. Nada de nada. A pesar de la supuesta indignación de Evo Morales y su promesa de castigar a los autores, nunca se reveló la identidad de quien ordenó el operativo, ni aunque el vicepresidente García Linera, dijera en ese momento -en una conferencia de prensa- que él sabía quién había sido el responsable. Y según los especialistas del Derecho, ese silencio cómplice del vicepresidente, sería suficiente motivo para ser juzgado por encubrimiento, como ocurre a menudo a otros mortales sin tanta suerte.

Si en algo han coincidido la mayoría de juristas nacionales, es que el hecho luctuoso de septiembre de 2011,  fue sin lugar a dudas un delito de lesa humanidad, para sintetizar varios atropellos a los derechos humanos, que se cometieron antes y durante la operación policial.

Si viviéramos en un país normal y apegado a las leyes, ahora mismo la investigación estaría concluyendo y con seguridad se tendría algunos detenidos. Ni lo uno ni lo otro. Simplemente sanciones disciplinarias a policías de bajo rango y renuncia obligada de algunos funcionarios del Ministerio de Gobierno, para hacer frente a la enorme indignación ciudadana. Maniobras distractivas de la comisión investigadora que fue al lugar de los hechos, seguramente a respirar aire puro del bosque. Y a otra cosa mariposa. Puro circo.

Esperen, aquí no acaba la historia. A los brillantes funcionarios del ministerio público se les ocurrió dar carpetazo a los sospechosos, volcando la torta, por así decirlo, y recientemente abrieron un proceso judicial a los dirigentes de la marcha, acusándolos de los delitos de “secuestro”  y “tentativa de homicidio” del canciller David Choquehuanca. Antes una necesaria introducción:

Un día antes de la represión, el canciller fue a dialogar personalmente con los indígenas, gesto que todo el mundo reconoció y que miró con buenos ojos, “un indígena de tierras altas habla con el  indígena de tierras bajas” se dijo. Evo Morales, en ningún momento quiso ir al encuentro de la marcha, arguyendo que tenía otras responsabilidades más importantes. La reunión del canciller con los dirigentes fue tornándose tensa por la frustrante situación de los marchistas al verse bloqueados por una barrera policial que les impedía seguir su camino, agravada por el hecho humillante de negarles el acceso al agua de un arroyo cercano.

Ante la penosa situación, algunas mujeres cansadas por los días de bloqueo, procedieron a obligar al canciller a marchar como escudo para romper el cerco policial, y tomándose de los brazos alrededor del funcionario, entre zarandeos con los policías consiguieron su propósito. No hubo golpes ni humillaciones al canciller, las imágenes de televisión son claras al respecto. El mismo canciller relató después en una entrevista televisiva, con honestidad y sin darle mayor importancia al incidente, que “fue obligado a marchar junto a las mujeres”  y que “entendía la desesperación de los indígenas”. En resumidas cuentas, él nunca dijo que fue secuestrado -pese a la insistencia del entrevistador-, y que la “figura legal de esa situación era asunto de los especialistas”. Anoche vi el reprís de esa entrevista, por demás esclarecedora al respecto.

Ahora bien, sin conocer de leyes, y sin acudir al diccionario, podemos entender que,  secuestro, es toda acción de apoderarse de una persona en contra de su voluntad, y llevarla a un escondite para posteriormente exigir un rescate, u otros fines. Pero revisando las imágenes, ¿secuestraron al canciller, delante de dos viceministros y de un montón de policías para llevárselo, ocultarlo y usarlo para chantajear? Nada de eso, al poco rato el canciller retornó a La Paz, sano y salvo. Si el trato dado a su persona podría ser tildado de delito, a los sumo se reduciría  a un caso de desacato, a mi modesto entender; nimio, considerando el atropello posterior de los policías.

La acusación de tentativa de homicidio ya es el colmo de la desfachatez, de la exhibición solemne de la idiotez, que se sustenta en el hecho pintoresco o más bien simbólico de portar flechas, como estandartes antes que armas,  como si los indígenas  -cual salvajes- amenazaran la vida del señor Choquehuanca. Eso es lo que dejaron entrever los acusadores. Por lo visto, las imágenes mienten o nosotros nos chupamos el dedo.

Y no es un hecho aislado, perdonen la insistencia pero el absurdo es pan de cada día en este país surrealista.  Hace  dos días atrás, un par de periodistas de televisión fue convocado ante la Fiscalía Antinarcóticos,  supuestamente en calidad de testigos por haber difundido recientemente un reportaje sobre el traslado de precursores químicos en canoas en la región del Chapare, en terrenos de la universidad estatal y que además este hecho ya fue denunciado hace tres años por las autoridades universitarias, tanto que se organizó una comisión de fiscales y policías que fueron al lugar, donde hallaron indicios evidentes de fabricación de cocaína. Bueno, que los fiscales hagan su trabajo, diríamos todos. Pues no, el tiempo pasó y resulta que los narcotraficantes seguían con su actividad en la zona, tal como fueron filmados recientemente. A raíz de esto un fiscal, creyéndose un agente de Expedientes X, declaró ante un canal de televisión que los periodistas esos podrían ser acusados del “delito de omisión”, por haber publicado la noticia y no haber denunciado antes el caso a las autoridades. Para evidenciar el conocimiento de las leyes de este fiscal, varios abogados le ilustraron con el Código Penal en la mano que, sólo los funcionarios públicos están obligados a denunciar si presencian un delito. Y lo paradójico del asunto es preguntarse, ¿por qué no continuaron las autoridades con su trabajo, si tenían antecedentes,  en vez de buscar responsabilidades en la prensa?  Y para colmo del asunto, uno de los periodistas involucrados denunció públicamente,  haber sido amedrentado para que revele sus fuentes de información, fuero contemplado en la Ley de Imprenta, que al ritmo que vamos, hay señales preocupantes de que se va a revisarla porque es una piedra en el zapato del gobierno actual.

Así nos va, el país de cabeza, viviendo una suerte de tiempo perdido en la corte del rey Ubú, o el estado plurinacional de Bolivia, lo mismo da.

Pasen, acomódense y vean las imágenes del supuesto secuestro del canciller Choquehuanca (de camiseta grisácea, rodeado de mujeres. Duración del video  1minuto y medio aprox.):

http://www.youtube.com/watch?v=Xqq2cylJoWI&feature=related